El presidente del Consejo Regulador, Víctor Pascual Artacho, ha informado al Pleno sobre los resultados "poco alentadores" de la reunión mantenida el pasado 20 de noviembre por el grupo de trabajo que integra a los representantes de las asociaciones del sector con los representantes del Ministerio de Medio Ambiente, Medio Rural y Marítimo, encabezados por Francisco Mombiela, así como de las tres Comunidades Autónomas de la Denominación. El objetivo fue continuar con las negociaciones para la adaptación del Reglamento de Rioja al actual marco jurídico español y europeo, de acuerdo con los planteamientos y necesidades puestos de manifiesto por el sector vitivinícola riojano, un tema que resulta vital, pero que, a la vista de las diferencias puestas de manifiesto sobre los temas de fondo, no permite vislumbrar cual puede ser el plazo en que se resuelva adoptando la correspondiente decisión política que satisfaga las demandas de Rioja.
Ante esta situación de práctico estancamiento, pues han transcurrido cuatro años desde que el 29 de diciembre de 2004 el Consejo Regulador de la D.O. Ca. Rioja enviara al Ministerio de Agricultura el borrador de nuevo Reglamento, los representantes del sector vitivinícola riojano han lamentado la demora y reiterado su postura unánime para que el MARM adapte las normas legales a los aspectos fundamentales del modelo actual de Rioja, que ha demostrado sobradamente su eficacia e idoneidad. Es algo que se considera imprescindible para que Rioja pueda seguir desarrollándose y disponga de los instrumentos adecuados y seguridad jurídica que garantice el respeto al patrimonio y fondo de comercio generados, así como una competencia leal en el mercado.
Como se ha puesto de manifiesto en la reunión del Pleno, Rioja ha apostado por un modelo de calidad con un sector muy bien estructurado y dinámico, que ha sido capaz de propiciar un desarrollo estable y sostenido para la región, lo cual debería llevar a los responsables políticos de las diferentes Administraciones implicadas (MARM y Comunidades Autónomas) a valorar adecuadamente todo lo que hay en juego. En consecuencia, se ha pedido expresamente a las Administraciones que tengan altura de miras y muestren su voluntad política de satisfacer las necesidades del sector, preservando el modelo actual, antes de imponer un nuevo modelo al que se han opuesto unánimemente todas las asociaciones de productores y bodegueros.
Uno de los objetivos fundamentales de la propuesta de modificación del Reglamento de la Denominación es convertir al Consejo Regulador en una Corporación de Derecho Público, propuesta que ha venido contando con el respaldo de las tres Comunidades Autónomas por las que se extiende la Denominación. Esta fórmula, sobre la que parecía existir total acuerdo con el Ministerio hasta fechas recientes y que ahora ha quedado en entredicho, permitiría satisfacer las necesidades del sector vitivinícola riojano mediante la correspondiente adaptación de la Ley de la Viña y el Vino de 2003 al modelo organizativo de la D.O. Ca. Rioja.
Tal Corporación de Derecho Público integraría al Órgano de Gestión de la Denominación (el Pleno del Consejo integrado por los representantes de las asociaciones del sector que forman la Junta Directiva de la Interprofesional), así como al Órgano de Control (el actual Servicio Habilitado de Veedores), que ejercerían sus funciones de forma totalmente independiente, como exige la ley, bajo la tutela de la Administración Pública. Igualmente, se pretende que se delegue el ejercicio de la capacidad sancionadora en dicha Corporación. Se mantendría también así la unidad de criterio en la aplicación del Reglamento en toda el área de la Denominación, cuestión irrenunciable frente a la posible delegación de competencias del MARM a las Comunidades Autónomas que ahora se baraja y constituye un nuevo escollo en la negociación.